SEGURIDAD
CIUDADANA: Entre un derecho humano y una mercancìa
Las metodologías usadas para aportar
soluciones a la creciente situación de inseguridad que presentan las sociedades
latinoamericanas hace que las fuerzas policiales adquieran un rol de mayor
preponderancia a la hora de evaluar la solidez de sus instituciones. Sin embargo, el sujeto de estas soluciones no está
presente, el pueblo, es decir la comunidad, el poblador desde su espacio
particular y colectivo.
Más allá
de la menor o mayor incidencia de sectores en la vida de actores políticos y económicos enfrentados
con el gobierno de turno , pocas dudas caben de que esta situación nos alienta
a retomar un punto descuidado en muchos países. Ni que decir en Nicaragua no es
la excepción,.
En los
ensayos tradicionales sobre la necesidad de contar con fuerzas armadas en
condiciones operativas como factor de disuasión para la defensa de los Estados,
existen referencias sobre otra utilidad que ellas presentan. El asunto es que
el uso de fuerzas, puede con facilidad
ser usadas para represión política con la oposición y desequilibrar los pesos y
contrapesos de una democracia.
En Nicaragua, hay una excepción de este tema
también y es el uso del factor humano compartido, no utilitario a como sucede
{o ha sucedido en Guatemala y Colombia, donde la participación ciudadana es
manipulada con fines paramilitares.
Nos referimos al equilibrio de la comunidad
que brindan frente a eventuales roles y poderes de otras agencias armadas, por
ejemplo los grupos juveniles en el Salvador {o Honduras, les llamanm “mara”,
pero un simple rol de participación ciudadana de las madres, iglesias, novias ó
familia, cambia la baturaleza de sus comportamientos a “jóvenes en riesgos, que
requieren apoyo social de inclusión, no de excluirles y satanizarles, por ende,
destinados a el enfrentamiento social.
El rol de orden público al interior de los
países, en especial de la policía (o las policías). Por diversas razones, y
mucho más aún en países subdesarrollados, donde la seguridad ciudadana es una
prioridad social y política de primera magnitud, existe un conjunto creciente
de Estados en los cuales la clase política y la sociedad no dudan en asignarles
crecientes recursos humanos y económicos a las policías
.
Es malo
? Puede decirse que si porque suele suceder por ejemplo lo de Honduras, la
Policia, fue utilizada como mecanismo de inteligencia operativa, paraqué los
políticos golpistas y el Ejército, sacaran ilegalmente del poder a Manuel
Zelaya. La otra respuesta es NO, porque si hay recuros para la seguridad,
porque no compartirlo con la comunidad que estará siempre en sus hogares, y
aportan en coordinación con las polícias a enfrentar mejor la delincuencvia y
los desordenes vecinales comunes.
El rol clave del narcotráfico, los secuestros,
las pandillas, las violaciones, el raterismo y el crimen organizado en sus
diferentes vertientes, no hacen más que fertilizar esta realidad. En cambio, la
utilidad clara y presente del instrumento de la defensa y los militares muchas
veces queda poco clara o difusa para amplios sectores de la comunidad, incluso
para sus clases dirigentes. Podríamos citar casos claros en este sentido en
diversos países centroamericanos, incluida la Argentina.
Estos
desbalances muchas veces quedan al margen de los análisis, en especial cuando
las urgencias, las encuestas, los noticieros 24 horas y el temor a las
protestas y cacerolazos o marchas aceleran los tiempos con los que se cuenta
para pensar o planificar al menos en el mediano plazo.
Aquí es
dónde entra otro factor que está descuidada, y es la seguridad privada,
convertido así un derecho a estar seguro, en una mercancía más, es decir a
“reconocer” una variante del derecho ciudadano, en “un deber de pagar” por tu
seguridad, en una flagrante violación constitucional en todos los países y que
opera en Nicaragua, catalogada como la naci{on m{as segura de América Latina.
A manera de mero ejercicio de política
ficción, cabría imaginar cuál hubiese sido el escenario en Ecuador y / o Honduras en el caso de que esos países no hubiera
contado, como lo hace, con fuerzas armadas con poco arraigo en la sociedad, y
pocas respetadas y aún así con niveles operativos y presupuestarios adecuados.
Esta ecuación de balance -o en todo caso de
desbalance- a favor del poder militar, fue determinante para encauzar la
situación, así como el hecho de que Rafael Correa siga siendo un presidente con
sustancial respaldo popular y un sólido acompañamiento de la comunidad
ecuatoriana y regional y de los propios EEUU
Hay que
recordar que fue una rebeleión policial, definida con la actuación del
ejército, pero en Honduras, el golpe de Estado a Manuel Zelaya, todo fue obra
del Ejército, utilizando a la policía y el resultado fue claro, más
desprestigio ante mla sociedad, las mismas instituciones fueron debilitadas,
por ese actuar, sin respaldo popular, más bien en contra de ese pueblo.
En estas situaciones críticas. no nos
adentraremos más en detalle en esta cuestión, como tampoco discutiremos si las
formas con las que se condujo sus gobiernos en las semanas previas y durante la
crisis fueron las más prudentes para la gestión de estas situaciones complejas
en el caso ecuatoriano
En el
caso hondureño, hay percepciones de que las empresas privadas de seguridad,
fueron activadas para tener un monitoreo riecto con la policía y agentes de el
espionaje del ejército manejado por Romeo Vázquez Vel’asquez, mediante empresas
vínuculadas a los mandos militares y eso desmérita también a ese “aporte” a la
seguridad ciudadana, aunque más bien el comprado factor ciudadano, ante dizque
“incapacidad del estado” a garantizar seguridad ciudadana.
Retomando
el núcleo del presente escrito, cabe recordar que el mayor peso de las fuerzas
policiales y de seguridad los militares en diversos países han motivado
que sectores de la defensa de los EEUU las considere interlocutores claves, tal
el caso de América Central y Caribe, y aun Bolivia, antes de que Evo Morales
-con el respaldo de su movimiento y de aliados como Venezuela y Brasil- fuera
erosionando la presencia estadounidense.
La
visión de defensa de Estados Unidos, impuso un modelo que aún resiste morir ó
desaparecer y es la aptitud gorila de los militares, a la luz de la aceptaci{on
gringa de respaldar gorila y aunque parece lejano los golpes de estado,
Honduras y Paraguay es una muestra de esdtas aseveraciones y m{as aún implican
el pobre rol que le dan a ala participación ciudadana, siendo esto la clave
para que coordinados, haya eficacia en una seguridad ciudadana, d{onde en vez
de cuidarse las españdas, las sociedades estén anuentes al trabajo, a la
recreación y al desarrollo
No
podemos observar como0 natural, que la seguridad privada, sea un eje de
instrumentos de lucha contra el delito, ya que si aceptamos estos, debemos
asumir que pronto en cada hogar, tendremos pronto que pagar, igual que la
energía, el agua, la telefonía, también al guarda y talvéz el asunto no es el
pago, sino el hecho de que es a “empresarios” que de paso ni siquiera asumen
sus responsabilidades como tál y no pagan prestaciones y/o seguridad social y observaqn el empleo que
dán como “un favor”
Finalmente,
ya centrándonos en el caso de la Argentina, cabría preguntarse en qué punto
estamos de este continuo escenario, que va desde países con militares dotados
de amplios presupuestos, recursos humanos y roles definidos -como es Chile y
crecientemente Brasil-, hasta las situaciones vistas en la región
centroamericana previamente mencionadas. Excepci’on de estos es Nicaragua
Pocas
dudas caben de que el caso argentino se viene acercando cada vez más a la
segunda situación. Una combinación de factores parecen direccionarnos en este
sentido: la transición por ruptura en 1983, derivada de la Guerra de las
Malvinas, y la caótica herencia económica; la violencia guerrillera y la
represión posterior; la tendencia de amplios sectores de la dirigencia política
a seguir viendo por mera inercia a los uniformados como parte del hace mucho
inexistente “partido militar”.
Las crisis económicas recurrentes desde 1982;
y la reciente instrumentación del área de la defensa para consolidar la imagen
de un gobierno de “centro izquierda” y hasta de “izquierda” y esto es clave
para entender esas tendencias tambi{en en HONDURAS, de ser militar en la vida cuvul xomo Romeo Vazquez el golpista y ahora próspero funcionario de las
telecomunicaciones.
Mientras
tanto, desde hace años las encuestas colocan la seguridad ciudadana en el
primer o segundo puesto y los políticos han temido que un secuestro o asesinato
se lleve consigo sus cargos y ambiciones políticas. Esto se resuelve si con
otro factor, “guardaespaldas-empleados rpivados” y empresas privadas de
seguridad, que suponen tener control estatal desde instancias policiales ó de
órganos de seguridad, similar a ejército como Costa Rica y su OIJ
Todo ello viene acompañado por una cultura
social y de los medios de comunicación que pueden llegar a convencer acerca de
que todo lo que ocurrió en un día de un argentino promedio son hechos de
inseguridad y una pelea mediática entre miembros de la farándula. Acompañados
por un toque de pronóstico del tiempo y los goles de la jornada.
La
inseguridad es desde hace tiempo un asunto temido y que genera esperanzas de
inestabilidades y desórdenes que ayuden a precipitar caídas o crisis de
gobiernos, obviamente, parece un sdimple relato, sin embargo “la privatizaci{on
de la seguridad” o el derecho a la seguridad sea convertido enmercancía, debe
dilucidarse constitucionalmente, o tendremos pronto Estados fallido”
En este contexto, lógicamente, se piden más
policías y mayor presupuesto, entre otras con el desarrollo y la modernidad,
pero el factor de “mercancía “ a la seguridad ciudadana, dónde queda? Queda al
albedrío del libre mercado ¿. Los derechos laborales y humanos de sus
“empleados” dónde quedan?
Los gobiernos autorizan esos cosas. De manera
más o menos vergonzosa, dependiendo de su compromiso real o retórico fondos y
recursos humanos adicionales, dan luz verde a empresas de seguridad ó de
guardas y los justifican como un aporte para “disminuir el desempleo”, pero no
garantizan esos “derechos laborales” a los que emplean y es la justificación de
“privatizar el derecho a la seguridad y convertirla en “empresa más”.
Recientes
encuestas muestran que el 82% de la sociedad ve con buenos ojos el regreso del
servicio militar, no por razones de disuasión y seguridad nacional, sino como
forma de sacar jóvenes de las calles, luchas contra la droga y las pandillas.
Hasta en esto la defensa es una variable “subordinada”. Dónde también hay que
aplaudir “espacios que ceden las empresas de seguridad, aunque la seguridad sea
un derecho y un deber, privatizarla, no es “delito”, simplemente es un asunto
de “pragmatismo”, dicen los irresponsables políticos y políticas de hoy, rendidos
ante las realidades del hoy, refieren
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